Después del choque, persecución y amenazas entre dos motociclistas y un automovilista, el diputado y exministro de Gobierno habló de la polémica entre la obra social y la Municipalidad de Río Gallegos por aportes y retenciones. La derivación Rodrigo Ruay y la falta de cobertura.
Actualidad19/01/2025 patagoniahoy
El miércoles 15, alrededor de las 02:30 de la madrugada, en la costanera de Río Gallegos dos motociclistas fueron embestidos por un automovilista tras una pelea que incluyó golpes, amenazas, corridas y hasta generó que el vehículo arrastrara más de 20 metros a una de las motos.
Carlos De Biasse (25) y Rodrigo Ruay (23), resultaron heridos y fueron atendidos de urgencia en el Hospital Regional Río Gallegos.
Producto del accidente, Carlos sufrió la fractura de su tabique nasal y una contusión pulmonar, mientras que Rodrigo se fracturó la cadera y una pierna. Este último fue derivado a Buenos Aires para la colocación de una prótesis.
Un accidente reavivó la discusión por los aportes a la CSS
Ante esta situación, el diputado provincial Pedro Luxen dijo: “El caso del joven municipal accidentado, que tuvo que ser derivado a la ciudad de Buenos Aires, volvió a poner en el centro del debate la deuda del municipio con la Caja de Servicios Sociales. El joven no tenía cobertura social ni carné hospitalario debido a que, pese a poseer un trabajo registrado (en blanco), los aportes retenidos por el municipio nunca llegaron a la obra social. Necesitamos que la Justicia acompañe a la gente y entienda que son tiempos distintos. Está claro que nos hace mal como sociedad tener una Justicia adicta al pasado. Nada se hizo con las denuncias de corrupción que presentó la gestión de Claudio Vidal, y tampoco se actúa cuando los ciudadanos de Santa Cruz reclaman por sus derechos. Si la Justicia no entiende que debe acompañar los cambios que necesita la sociedad, será necesario implementar otros cambios”.
El flamante legislador además destacó que “en la acción penal por la retención indebida, se pidió la declaración del jefe de Gabinete municipal, pero no prosperó. Se libraron oficios al municipio, que no respondió; se reiteraron esos oficios, y tampoco hubo respuesta. Ante esta negativa, se solicitó una orden de allanamiento para acceder a la documentación, pero el Juzgado ignoró la petición. Todas estas inacciones dejan en claro quiénes son los cómplices de la impunidad en Santa Cruz”.
Demanda
El 28 de junio de 2024 empleados municipales iniciaron una acción penal contra el municipio de Río Gallegos por retención indebida. La denuncia se presentó en el Juzgado de Instrucción N°3, que estaba de turno en ese momento, y tomó intervención la Fiscalía N°2 de Río Gallegos.
Luxen recordó que “días después los denunciantes presentaron un escrito acompañado de declaraciones periodísticas del jefe de Gabinete de la Municipalidad, donde éste admitía que los fondos retenidos de los empleados no se destinaban a la Caja de Servicios Sociales, sino que se utilizaban para la obra pública municipal“.
Luego de cuatro años de investigación impulsada por la familia de la adolescente y tras las jornadas del juicio, los jueces deberán decir la pena para el imputado. La Fiscalía coincidieron en pedir una pena de 13 años de prisión, aunque la máxima puede ser de 15, mientras que la defensa pidió la absolución y en caso de que sea condenado sea la mínima.
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