El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, denunció al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y a su hermana María Grasso, por presuntas irregularidades en la adjudicación de lotes durante la gestión del primero al frente del organismo. La denuncia señala un manejo discrecional de bienes del Estado, beneficiando a allegados políticos y excluyendo a quienes cumplían con los requisitos legales.
Actualidad02/12/2024 patagoniahoy
El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, presentó una denuncia formal contra el actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y su hermana María Grasso, por presuntas irregularidades en la adjudicación de lotes durante el período en que Pablo Grasso estuvo al frente del organismo, entre 2015 y 2023.
La denuncia, presentada ante la justicia el pasado 29 de noviembre, sostiene que se produjo una administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial, con la entrega irregular de lotes en la zona de la costanera de Río Gallegos, un área de alto valor económico. Según Mansilla, los lotes fueron asignados a personas que no cumplían con los requisitos legales establecidos para su adjudicación, favoreciendo a allegados políticos y personas vinculadas al entorno de los Grasso.
De acuerdo con el escrito presentado, las adjudicaciones habrían sido realizadas de manera discrecional, sin respetar los procedimientos establecidos por la Ley 1179, que regula las atribuciones del IDUV. La ley establece que cualquier adjudicación de bienes debe seguir un proceso claro y transparente, lo que no habría sucedido en este caso, según la denuncia.
Mansilla destacó que estas irregularidades contradicen el objetivo fundamental de la función pública, que es garantizar el bienestar común y servir a la comunidad en general. En este contexto, la denuncia afirma que se priorizaron intereses particulares por encima de las necesidades de la población.
Además, se señala que la mayoría de los lotes adjudicados durante la gestión de Grasso fueron entregados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner o a personas cercanas a los Grasso, en lo que se describe como un proceso “discrecional y desigual”.
La denuncia también resalta que muchos ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos legales, como la presentación de expedientes, trámites y largos años de espera, nunca tuvieron oportunidad de acceder a un lote con servicios, lo que refuerza la acusación de irregularidades en el proceso de adjudicación.
El caso, que fue formalizado ante el Juzgado de Instrucción N°2, abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre la gestión de los Grasso al frente del IDUV, en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en la administración de bienes públicos.
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