El 26 de septiembre, la planta de Conarpesa en el puerto de Caleta Paula reanudó sus operaciones bajo un contrato de locación a Inclumar SA, empresa que asumió la gestión de las instalaciones.
Actualidad31/10/2024 patagoniahoy
Aunque el gobierno de Santa Cruz, junto al Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), había gestionado un compromiso de reincorporación de trabajadores, varios empleados no fueron restituidos a sus cargos. Diego Marto, secretario general de STIA, señaló que las cesantías afectan a trabajadores en sectores clave como cámaras frigoríficas y portería.
Bloqueo en el Puerto y Reacciones Sindicales
Frente a los despidos, desde este martes, trabajadores y sindicalistas decidieron bloquear la salida de camiones cargados con merluza procesada que tenían como destino Puerto Madryn para exportación a Europa. Marto destacó que, hasta el momento, siete empleados recibieron telegramas de despido, y se estima que otros nueve podrían correr la misma suerte en los próximos días.
Acusaciones de Precarización Laboral
Marto denuncia que la intención de Inclumar SA sería reemplazar al personal con cooperativistas, buscando abaratar costos mediante precarización laboral. Según el dirigente, esta práctica reduce beneficios y estabilidad para los trabajadores y viola la Resolución Provincial Nº 2015/94, que prohíbe el uso de cooperativas en ciertos sectores laborales de Santa Cruz. Ante esta situación, STIA ya presentó denuncias ante el Ministerio de Trabajo para exigir el respeto a la normativa vigente.
Marco Legal y Reclamo de Soluciones
La Resolución Provincial Nº 2015/94 fue implementada con el objetivo de proteger a los trabajadores de condiciones laborales inadecuadas, limitando el uso de cooperativas para evitar la flexibilización en sectores industriales específicos. Desde el sindicato, se espera que las autoridades intervengan para asegurar el cumplimiento de esta normativa y restablecer los derechos de los empleados cesanteados. Marto enfatizó que la precarización laboral atenta contra la estabilidad y las condiciones de trabajo dignas, instando a las autoridades provinciales a mediar en el conflicto.
Luego de que trascendiera públicamente su negativa inicial, el abogado Fernando Basanta remitió a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados la cédula firmada que confirma su notificación formal de suspensión en el cargo.
Durante una exposición ante diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería. Daniel González, sostuvo que las negociaciones con la UTE avanzan y que el mismo monto previsto para este año se traslada al presupuesto 2026, para asegurar financiamiento. El funcionario respondió preguntas de la diputada Ana María Ianni. También habló sobre YCRT y calificó su generación de energía como “ineficiente y sucia”. Dijo que aún no hay decisiones sobre el futuro de la empresa, aunque aseguró que se mantiene el la partida para el pago de sueldos.
En un hecho de gravedad institucional, el miembro del máximo órgano judicial se negó a aceptar lo resuelto ayer por voto mayoritario de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.
Una denuncia penal presentada en noviembre de 2024 expone un entramado de pagos irregulares y presunto desvío de fondos públicos entre Santa Cruz y Chaco, a través de la fundación Valdocco dirigida por el cura Juan Carlos Molina. El perjuicio superaría los $10.000 millones.
La hija de un paciente de 75 años lanzó un pedido público para conseguir Sorafenib 200 mg, necesario para continuar el tratamiento contra un cáncer de hígado. La obra social demora la entrega pese a una orden judicial. “Quizás algún vecino tenga la medicación y ya no la esté necesitando”, dijo Beatriz.
"La justicia que no es justicia. La justicia que hace política hoy desde la oposición antes desde el oficialismo, la justicia que tiene que cambiar, mejorar el servicio para la comunidad es triste y lamentable tener que decirlo, pero eso pasa".
Mientras los cuatro vocales que desconocen la ampliación del Tribunal a nueve miembros mantienen su postura, la nueva mayoría ratificó a Mariani al frente del cuerpo y requirió el auxilio de la Policía para hacer cumplir la medida. Además, convocaron a una sesión extraordinaria para tratar la paritaria judicial.
La defensora pública Ornela Guidi pidió suspender o extender el plazo de desalojo del inmueble por un centenar de personas. Sostiene que la crisis habitacional y el inicio de la temporada turística agravan la situación de los ocupantes. Además, pide que el caso sea tratado en el fuero civil, ya que no están comprobadas las condiciones para configurar la ocupación como un delito de usurpación.
Se abordaron diversos temas vinculados a la situación laboral y formativa de los trabajadores de la Educación Técnico Profesional. El Consejo Provincial de Educación valoró el “diálogo fluido y constante que se sostiene con el gremio, siempre con los alumnos en las aulas”.
La “Peque” Paula Pareto es una de las destacadas panelistas del ciclo organizado por el gremio AOMA. La cita es para este jueves y viernes desde las 18:30 horas en el Auditorio N.I.D.O. Quiénes son los otros expositores.
Una denuncia penal presentada en noviembre de 2024 expone un entramado de pagos irregulares y presunto desvío de fondos públicos entre Santa Cruz y Chaco, a través de la fundación Valdocco dirigida por el cura Juan Carlos Molina. El perjuicio superaría los $10.000 millones.
Así lo expresó el presidente de FOMICRUZ S.E., Oscar Vera, al referirse a la inminente apertura de ofertas para la licitación de los activos hidrocarburíferos que YPF dejará en la provincia. El proceso marcará un cambio histórico para la economía de la zona norte.
Luego de que trascendiera públicamente su negativa inicial, el abogado Fernando Basanta remitió a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados la cédula firmada que confirma su notificación formal de suspensión en el cargo.