ATE Río Turbio, Luz y Fuerza, APSPyT y La Fraternidad enviaron una nota al interventor de YCRT solicitando el dictamen judicial actualizado y detalles administrativos sobre la Licitación Pública Nacional N° 1/17, relacionada con la venta de 20.000 toneladas de material ferroso en condición de rezago.
Actualidad24/01/2025 patagoniahoy
En una nota dirigida al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, las organizaciones sindicales ATE Seccional Río Turbio, Luz y Fuerza, APSPyT y La Fraternidad solicitaron la revisión legal y judicial actualizada sobre la Licitación Pública Nacional Número 1/17, Expediente N° 33.033/2017, relacionada con la venta de 20.000 toneladas de material ferroso en condición de rezago o chatarra.
Los sindicatos indicaron que la solicitud responde a la necesidad de esclarecer aspectos administrativos y legales relacionados con la contratación. Entre los puntos clave, solicitaron información detallada sobre:
Forma de pago.
Plazos de retiro de los bienes.
Proceso de carga, descarga y pesaje.
Entregas realizadas.
Intimación legal sobre toneladas pendientes de entrega.
Contratos y actas acuerdos.
Comprobantes de transferencias o pagos parciales realizados por Scrapservice S.A. a YCRT.
La nota, firmada por representantes sindicales, también señala que esta solicitud fue discutida durante la reunión del pasado viernes 17 de enero de 2025, celebrada en las oficinas de YCRT en Río Turbio.
Los gremios destacaron la importancia de contar con esta información para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la legalidad en el proceso. La comunicación concluye con la disposición de los sindicatos para aportar información adicional y colaborar en el análisis de los documentos requeridos.
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Una empresa privada está a cargo desde hoy del servicio. El costo es asumido por el estado provincial a través de la empresa “Santa Cruz Puede”. Su presidente, Gustavo Sívori, dio los detalles.
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El titular de la fundación Valdocco inició una causa contra funcionarios provinciales, un abogado, un concejal de El Calafate y un dirigente gremial por publicaciones que éstos realizaron en redes sociales y que el sacerdote considera injuriantes hacia su persona. Los jueces de la Cámara en lo Criminal citaron a las partes a una audiencia en la que hubo varias ausencias y ninguna retractación. La causa seguirá su curso.
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La nueva normativa ya está en vigencia y endurece las penas por conducir con alcohol en sangre o negarse al test. Las multas llegan a los $3.850.000 y los reincidentes deberán rendir nuevamente para recuperar su licencia. También se podrá pedir una contraprueba médica en el hospital local.
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