FOPEA advierte por ataques al periodismo y promueve el dialogo

En los primeros 12 meses de gestión del presidente Javier Milei, el periodismo argentino sufrió 173 ataques, según el relevamiento que lleva adelante el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). De ese total, el hostigamiento y la violencia digital se mantienen como las principales agresiones contra la prensa. 

Con un promedio de un ataque cada dos días, el deterioro del estado de la libertad de expresión en Argentina es preocupante. Agrava esta situación el predominio de los más altos funcionarios públicos entre la lista de agresores. El Monitoreo muestra que en 120 oportunidades el origen de la violencia provino de una fuente estatal, lo que implica que en el 69.36% de los casos registrados existió una participación de algún tipo de funcionario público. A esto se le suman 22 casos en los que se registra violencia paraestatal, es decir de allegados directos al poder estatal, lo que representa un 12,72%. Sumando estos números, el 81.51% de las agresiones a la libertad de expresión estuvo protagonizada por quienes ocupan un cargo público o están vinculados a él.

Las agresiones contra el periodismo

Los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión revelan que el Presidente de la Nación protagonizó 56 agresiones (el 32,37% del total de casos registrados), mientras que funcionarios nacionales 10 (5,78%). El resto de los agresores registrados que tienen un cargo público fueron funcionarios provinciales, con 5 (2,89%); funcionarios municipales, con 12 (6,94); gobernador, en un caso (0,58%); intendentes, con 6 (3,47%); miembros de la Justicia Federal, con 3 (1,73%); miembros de una Justicia Provincial, con 4 (2,31%); legisladores nacionales, con 3 (1,73%); legislador provincial, en un caso (0,58%); personal policial, con 17 (9,83%); y personal de Migraciones, en 2 oportunidades (1,16). 

El informe del primer año de gestión de La Libertad Avanza precisa que de los 173 ataques, el 44,51% (77 casos) fueron clasificados como “Discurso estigmatizante”. Esta categoría implica un ataque directo a la reputación de periodistas y/o medios. En paralelo, el 25,43% (44 casos) fueron registrados como “Ataques a la integridad”, el 13,29% (23) como “Restricción de acceso a la información”, el 6,36% (11) como “Acciones judiciales civiles o penales”, el 3,47% (6) como “Censura”, el 2,89% (5) como “Otros abusos del poder estatal”, el 1,73% (3) como “Ataques contra los bienes”, el 1,16% (2) como “Uso abusivo de la publicidad oficial”, y otro 1,16% (2) como “Censura interna”.

En estos 173 casos registrados, hubo 275 víctimas, de las cuales 153 fueron hombres, 57 mujeres, 15 medios de comunicación, en 24 ocasiones a la prensa en general y 26 veces fue a esta organización de periodistas. FOPEA es una asociación plural y federal que promueve la calidad del periodismo, trabaja por mejorar las condiciones en las que se ejerce, y defiende la libertad de expresión y el acceso a la información. No es un tribunal de ética ni tiene facultades de control ni sanción.

Sobre el trato de Javier Milei hacia la prensa

No es la primera vez que FOPEA advierte sobre el tono discriminatorio, agraviante y estigmatizante con el que el Presidente se refiere a la prensa en general y a periodistas, en particular. Lo ha hecho durante este año en varias ocasiones, incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ONG como Voces del Sur y IFEX. 

En forma coincidente, en un fallo reciente dictado en una causa promovida por el editor de Perfil, Jorge Fontevecchia, la Sala I de la Cámara Federal porteña fue contundente respecto de las limitaciones que tienen los funcionarios públicos en su libertad de expresión, que están determinadas por su rol. “Los funcionarios públicos también deben asegurarse de que, con sus pronunciamientos, no estén lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública, mediante la expresión y difusión de su pensamiento”, advirtió el camarista Carlos Farah.

Un rápido repaso de algunos episodios contra la prensa muestra que, lamentablemente, el Presidente no ha propiciado en este tiempo un espacio que ofrezca garantías para la plena vigencia de la libertad de expresión, y que los episodios no se limitan a agresiones físicas o verbales. Ejemplo de ellos son los cambios dispuestos por el Gobierno nacional en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública o las dificultades para el acceso a coberturas de eventos oficiales, como la jura de ministros o la firma del Pacto de Mayo el 9 de Julio en Tucumán, y la ausencia de conferencias de prensa tanto del Presidente como de sus ministros.

FOPEA insta a atenuar el clima de confrontación

A la luz de los resultados de este primer reporte, urge entonces que desde el Presidente al funcionario local de menor rango se atenúe el clima de confrontación y se garantice la plena vigencia de la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho no sólo tiende a la realización personal de quien se expresa, sino a la consolidación de sociedades realmente democráticas. El jefe del Poder Ejecutivo Nacional, como cabeza del Estado, tiene la obligación de generar el marco para que el debate público sea plural y abierto.

El periodismo tiene una función de control difuso de los poderes públicos y privados, razón por la cual la Constitución protege las herramientas de las que se vale y garantiza la reserva de sus fuentes de información. Resulta claro que la acción de un periodismo vigoroso que investiga, pregunta y difunde en libertad resulta molesto para los gobernantes. Está en su naturaleza. Pero entre las obligaciones de todo dirigente que ocupa cargos de representación está la de tolerar la crítica y el disenso, en beneficio de la construcción de un diálogo social abierto y constructivo. Las redes sociales, valiosísimo vehículo para el diálogo político, no pueden reemplazar al periodismo profesional en su rol de investigación, indagación, análisis y difusión de asuntos de interés público.

Desde FOPEA continuaremos alentando el diálogo y el trabajo conjunto con funcionarios gubernamentales de los tres poderes del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo profesional. Lo hacemos en la convicción de que sólo un diálogo social abierto, libre y pacífico permitirá el desarrollo de una democracia próspera en beneficio de todos los sectores del país.