Las obras están paradas desde fin de año, no hay indicios de que en septiembre se reactiven.
General29/07/2024 patagoniahoy
Desde noviembre de 2023 las obras para construir las dos represas sobre el río Santa Cruz están paralizadas y, a pesar de los trabajos para normalizar la situación contractual entre las empresas constructoras y Enarsa, aún el proyecto no tiene una fecha cierta de reinicio. Esta situación pone en jaque la posibilidad de que en los próximos meses ingrese un nuevo desembolso del consorcio de bancos chinos que financia en su totalidad la obra.
La cifra del desembolso es de aproximadamente USD 800 millones que recibe nuestro país y que ingresan en las reservas del Banco Central. Si la situación del proyecto se normalizara en las próximas semanas esa cifra ayudaría a fortalecer el stock de divisas en el corto plazo, aliviando la presión que generan actualmente las proyecciones negativas del mercado por la falta de dólares para atender los compromisos de pago de deuda que tiene el país en el segundo semestre del año. Sin las obras en marcha o sin una fecha cierta de reanudación la llegada de los dólares del crédito no se concretaría.
De acuerdo a versiones que manejan fuentes relacionadas al proyecto y al gobierno, el consorcio de bancos chinos enviaría el ok al weiver solicitado por el Gobierno argentino. Este paso demuestra la voluntad de los bancos chinos de activar el nuevo desembolso. Sin embargo, la normalización de la situación contractual se ha convertido en una condición necesaria para destrabar la llegada de divisas a nuestro país.
Otra situación que suma incertidumbre sobre las gestiones de Enarsa para resolver la situación contractual es el futuro de la empresa estatal, ya que es una de las 6 empresas que quedaron sujetas a privatización tras la aprobación de la ley bases. El proyecto represas está enmarcado en un contrato de obra pública y el crédito otorgado por los bancos chinos al Ministerio de Economía de la Nación forma parte de un acuerdo a nivel país, por lo que las obras deberían ser transferidas a algún organismo estatal que pueda gestionar y administrar proyectos de obra pública.
La situación actual también retrasa la posibilidad de recuperar puestos de trabajo. Hasta el inicio de este año el proyecto contaba con 2.900 personas empleadas. Más del 75 % de esa nómina eran residentes de Santa Cruz, hoy la mayoría de esas personas quedó sin empleo. El retraso impacta directamente en la recuperación de empleo directo e indirecto y la reactivación de la economía de la región. Un riesgo que impacta en la confianza del mercado y en los acuerdos con organismos internacionales.
Por las demoras que están sufriendo las gestiones para poner en orden el contrato con las empresas constructoras, quienes conocen del tema advierten que, si no se resuelve la situación, podría provocar incumplimientos del contrato de financiamiento y obligar al país a tener que devolver USD 1.850 millones a los bancos chinos que es la cantidad de dinero que ya se ha desembolsado hasta el momento para el avance de las obras. A su vez, de acuerdo a cláusulas estándares de organismos de crédito internacional como el FMI y el Club de París no puede existir un trato diferencial o distinto entre los acreedores del país. Si el proyecto no se realiza, Argentina entraría en incumplimiento con el consorcio de bancos chinos que otorgaron el crédito y se acelerarían los tiempos de devolución de lo desembolsado, y con una sobretasa como castigo del incumplimiento. Ante esta situación el país queda expuesto a tener que devolver el dinero a los bancos chinos sin dejar de pagar las demás obligaciones con otros organismos con FMI y Banco de París en las mismas condiciones y tiempo en el que devuelve a los bancos chinos. Esta circunstancia aumentaría la escasez de divisas y altera la confianza del mercado.
¿Qué pierde Argentina en materia energética y económica si continúa la demora en el reinicio del proyecto? Nuestro país históricamente necesitó importar energía eléctrica desde países vecinos para poder atender la necesidad tanto de la demanda domiciliaria coma la de Pymes y grandes industrias.
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