Cámaras pesqueras formalizan denuncia parcial de los convenios colectivos por la crisis del langostino

Las cámaras empresarias de la pesca de altura presentaron ante la autoridad laboral nacional una denuncia parcial de los convenios colectivos de trabajo vigentes para el personal embarcado en la flota congeladora de langostino. Argumentan que los valores salariales fijados en los acuerdos, establecidos en años de bonanza, resultan hoy insostenibles frente al fuerte derrumbe de los precios internacionales y la creciente sobreoferta global de la especie.

En la presentación suscripta por los titulares de las principales cámaras del sector —Agustín de la Fuente (CAPIP), Eduardo Boiero (CAPECA) y Fernanda Grimaldi (CEPA)— se solicita que sean revisados y modificados los artículos específicos de los convenios colectivos 486/07 bis, 729/15, 579/10 y 580/10, los cuales establecen los valores de referencia para la liquidación salarial por producción de langostino congelado a bordo.

Según explican los empresarios, los actuales valores fueron fijados en un contexto completamente diferente al actual, cuando las capturas de langostino no superaban las 8.000 toneladas anuales y los precios internacionales rondaban entre 9.000 y 12.000 dólares por tonelada. Hoy, con capturas que superan las 200.000 toneladas y precios internacionales que cayeron a entre 5.000 y 5.500 dólares por tonelada, la ecuación económica del negocio se tornó inviable bajo los parámetros salariales vigentes.

El escrito detalla que el 85% de los salarios de los marineros dependen directamente de estos valores de producción, que siguen dolarizados, mientras que el restante 15% son sumas fijas ajustadas anualmente por inflación. Esta estructura salarial, sumada a los costos crecientes en combustible, insumos, estiba, mantenimiento, fletes e impuestos, llevó a la flota congeladora de langostino a operar con una rentabilidad negativa superior al 16%.

Además, los empresarios remarcan que el crecimiento exponencial de la producción de langostino cultivado (principalmente el vannamei, de origen asiático) desplazó al producto argentino en los mercados internacionales, generando una sobreoferta global que acentuó el desplome de los precios.

En ese marco, las cámaras argumentan que la continuidad de los convenios en sus términos actuales configura una situación de “excesiva onerosidad sobreviniente”, situación reconocida en el Código Civil y Comercial para revisar contratos cuya base económica fue alterada por hechos extraordinarios e imprevisibles.

“Hoy los propios términos de los convenios suscriptos impiden el normal desarrollo de la actividad”, afirman los empresarios, quienes además advirtieron que de no aceptarse su planteo podrían recurrir judicialmente para resguardar los intereses de las compañías.

Actualmente, buena parte de la flota congeladora permanece amarrada ante la imposibilidad de salir a pescar bajo las condiciones vigentes. No obstante, las empresas continúan sosteniendo a sus trabajadores, proveedores y compromisos fiscales a partir de ingresos generados en otras unidades de negocio, como la pesca de especies frescas, factorías de otras especies o plantas de procesamiento en tierra.

Finalmente, las cámaras pesqueras pidieron formalmente la apertura de una negociación para actualizar los valores salariales de referencia de acuerdo a la nueva realidad económica, advirtiendo que el mantenimiento de las actuales condiciones pone en riesgo la continuidad de toda una actividad estratégica para las economías regionales, el empleo de más de 5.000 trabajadores y un volumen exportador que representa el 50% de las exportaciones pesqueras del país.