Avance del decomiso de bienes, la Justicia apunta a propiedades de Cristina en Santa Cruz

En los próximos días, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py comenzará a analizar qué bienes podrían ser alcanzados por el decomiso millonario dictado en la sentencia de la causa Vialidad, que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

El monto fijado asciende a $84.835 millones -unos 550 millones de dólares al cambio actual- y será confirmado tras el informe del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema.

Si los condenados no depositan el dinero en un plazo de 10 días hábiles desde la confirmación del monto, la Justicia avanzará sobre bienes embargados, muchos de los cuales se encuentran en la provincia de Santa Cruz. 

 En la lista elaborada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola figuran 24 inmuebles en territorio santacruceño, incluyendo la casa familiar de Río Gallegos, la residencia en El Calafate, y el hotel boutique Los Sauces, todos actualmente bajo embargo y transferidos en 2016 a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

 "La Justicia va a ejecutar los bienes de los acusados en la causa que llegue primero a sentencia. No importa si esos activos están embargados en otro expediente, como Hotesur-Los Sauces", explicaron fuentes judiciales. 

 
Entre los bienes apuntados también se encuentran departamentos en Recoleta y diversas cuentas bancarias, incluyendo cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz y cajas de ahorro en moneda extranjera.

Según la Justicia, Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por el direccionamiento de obra pública durante el kirchnerismo. El 80% de las licitaciones viales fueron adjudicadas a Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez, socio del matrimonio presidencial. Esta concentración y los sobreprecios -que promediaron un 20%- fueron parte de los fundamentos del fallo.

 El avance patrimonial de los Kirchner en Santa Cruz comenzó en los años ‘70 y ‘80, cuando adquirieron múltiples propiedades mediante ejecuciones hipotecarias. Ya en 2006, fundaron la inmobiliaria Los Sauces SA, seguida por la adquisición de Hotesur SA en 2008, ambas luego utilizadas para negocios hoteleros vinculados a Báez y Cristóbal López. Durante sus años en el poder, el patrimonio de la familia creció exponencialmente: en 2007 reportaban 44 propiedades y más de 200.000 m² de tierra en Santa Cruz.

 En 2016, tras dejar el poder, Cristina Fernández realizó una donación en vida de la mayoría de sus bienes a sus hijos, lo que le valió una denuncia por presunta insolvencia fraudulenta. No obstante, muchos de esos bienes siguen bajo custodia judicial y serán parte de la ejecución patrimonial si no se cubre el monto exigido por el TOF 2.

Entre los activos que podrían ser ejecutados también se incluyen tres empresas familiares: Hotesur SA, Los Sauces SA y COMASA. Todos estos bienes -ubicados en su mayoría en Río Gallegos y El Calafate- están siendo considerados para su eventual decomiso o remate. "La Justicia busca recuperar lo que considera fue producto de la defraudación al Estado", remarcaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.