El recorte de pensiones por discapacidad ya es una realidad que golpea en silencio a miles de hogares en todo el país. El Gobierno nacional proyecta dar de baja cerca de 400 mil beneficios de invalidez laboral antes de fin de año, una cifra que duplica las estimaciones iniciales y representa un tercio del total actual de titulares.
General21/04/2025 patagoniahoy
La medida forma parte del plan de ajuste fiscal con el que la Casa Rosada busca ahorrar unos 900 mil millones de pesos, pero sus consecuencias afectan directamente a personas con discapacidad y a sus entornos, muchas veces en situación de alta vulnerabilidad.
Las bajas comenzaron a aplicarse a partir de una masiva auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo. La polémica creció cuando se supo que casi la mitad de las notificaciones enviadas a quienes deben revalidar su situación no llegaron a destino: más de 220 mil cartas documento quedaron sin entregar. Quienes no se enteraron del proceso quedaron en un limbo administrativo que puede derivar en la suspensión inmediata del cobro.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió en el Congreso que muchas personas nunca fueron notificadas. En su mayoría se trata de personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual. Aun así, la respuesta oficial fue seguir adelante con las suspensiones.
Una auditoría sin protocolos claros
Las organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad ya venían alertando sobre los efectos del proceso de auditoría, al que describen como caótico y deshumanizante. La ONG ALAPA (Asociación Lucha por la Atención a Personas con Enfermedades Poco Frecuentes) presentó una medida cautelar para frenar el procedimiento y reclamar su adecuación a las necesidades reales del colectivo.
“Esta auditoría no contempla protocolos adecuados ni accesibles, impone múltiples barreras y exige trámites imposibles para muchas personas”, afirman desde ALAPA. La presentación judicial sostiene que el accionar estatal “degrada la dignidad humana” al exigir presencialidad y documentación sin garantizar condiciones mínimas de accesibilidad.
Cambios normativos y más obstáculos
El ajuste no se limita a revisar beneficios ya otorgados: también se establecieron nuevos criterios para el acceso. A través de la Resolución 187/2025, el Gobierno elevó el umbral de discapacidad física al 66% para poder solicitar una pensión o el Certificado Único de Discapacidad (CUD), volviendo aún más restrictivo el sistema.
La misma resolución incluyó términos ofensivos como “idiota” y “retardado” para referirse a personas con discapacidad intelectual. Aunque Spagnuolo pidió disculpas públicas, ni el texto ni los baremos fueron modificados oficialmente. La resolución sigue vigente en el Boletín Oficial.
Un freno judicial y una ley en debate
A nivel parlamentario, distintos bloques opositores impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad. La iniciativa contempla reasignar partidas presupuestarias y proteger no sólo las pensiones sino también a los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, muchos de los cuales se encuentran al borde del colapso.
El proyecto podría recibir dictamen esta semana. El miércoles, se espera una movilización frente al Congreso convocada por organizaciones, familias y prestadores de todo el país.
Una política que genera angustia
Desde la oposición, el diputado Daniel Arroyo advirtió que el recorte no responde a irregularidades, sino a una orden directa de ajuste: “La ANDIS tiene una meta de recorte imposible de cumplir, por eso terminaron poniendo en situación de desesperación a más de un millón de personas. Esto es cruel e innecesario”, sostuvo.
Mientras tanto, los datos oficiales muestran que, entre enero y abril de este año, el Estado apenas otorgó 211 nuevas pensiones. El sistema que debería garantizar derechos se volvió, para muchos, una carrera de obstáculos. Y en el camino, miles de familias quedaron sin respuesta.
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