El recorte de pensiones por discapacidad ya es una realidad que golpea en silencio a miles de hogares en todo el país. El Gobierno nacional proyecta dar de baja cerca de 400 mil beneficios de invalidez laboral antes de fin de año, una cifra que duplica las estimaciones iniciales y representa un tercio del total actual de titulares.
General21/04/2025 patagoniahoy
La medida forma parte del plan de ajuste fiscal con el que la Casa Rosada busca ahorrar unos 900 mil millones de pesos, pero sus consecuencias afectan directamente a personas con discapacidad y a sus entornos, muchas veces en situación de alta vulnerabilidad.
Las bajas comenzaron a aplicarse a partir de una masiva auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo. La polémica creció cuando se supo que casi la mitad de las notificaciones enviadas a quienes deben revalidar su situación no llegaron a destino: más de 220 mil cartas documento quedaron sin entregar. Quienes no se enteraron del proceso quedaron en un limbo administrativo que puede derivar en la suspensión inmediata del cobro.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió en el Congreso que muchas personas nunca fueron notificadas. En su mayoría se trata de personas sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual. Aun así, la respuesta oficial fue seguir adelante con las suspensiones.
Una auditoría sin protocolos claros
Las organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad ya venían alertando sobre los efectos del proceso de auditoría, al que describen como caótico y deshumanizante. La ONG ALAPA (Asociación Lucha por la Atención a Personas con Enfermedades Poco Frecuentes) presentó una medida cautelar para frenar el procedimiento y reclamar su adecuación a las necesidades reales del colectivo.
“Esta auditoría no contempla protocolos adecuados ni accesibles, impone múltiples barreras y exige trámites imposibles para muchas personas”, afirman desde ALAPA. La presentación judicial sostiene que el accionar estatal “degrada la dignidad humana” al exigir presencialidad y documentación sin garantizar condiciones mínimas de accesibilidad.
Cambios normativos y más obstáculos
El ajuste no se limita a revisar beneficios ya otorgados: también se establecieron nuevos criterios para el acceso. A través de la Resolución 187/2025, el Gobierno elevó el umbral de discapacidad física al 66% para poder solicitar una pensión o el Certificado Único de Discapacidad (CUD), volviendo aún más restrictivo el sistema.
La misma resolución incluyó términos ofensivos como “idiota” y “retardado” para referirse a personas con discapacidad intelectual. Aunque Spagnuolo pidió disculpas públicas, ni el texto ni los baremos fueron modificados oficialmente. La resolución sigue vigente en el Boletín Oficial.
Un freno judicial y una ley en debate
A nivel parlamentario, distintos bloques opositores impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia en el área de discapacidad. La iniciativa contempla reasignar partidas presupuestarias y proteger no sólo las pensiones sino también a los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, muchos de los cuales se encuentran al borde del colapso.
El proyecto podría recibir dictamen esta semana. El miércoles, se espera una movilización frente al Congreso convocada por organizaciones, familias y prestadores de todo el país.
Una política que genera angustia
Desde la oposición, el diputado Daniel Arroyo advirtió que el recorte no responde a irregularidades, sino a una orden directa de ajuste: “La ANDIS tiene una meta de recorte imposible de cumplir, por eso terminaron poniendo en situación de desesperación a más de un millón de personas. Esto es cruel e innecesario”, sostuvo.
Mientras tanto, los datos oficiales muestran que, entre enero y abril de este año, el Estado apenas otorgó 211 nuevas pensiones. El sistema que debería garantizar derechos se volvió, para muchos, una carrera de obstáculos. Y en el camino, miles de familias quedaron sin respuesta.
Desde Unidos por la Infancia advierten sobre la proliferación de falsas denuncias, especialmente en el ámbito familiar, y cuestionan la inacción del Poder Judicial. Alertan sobre las consecuencias en la niñez y convocan a la comunidad a participar de un conversatorio en Puerto Deseado
El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), lleva adelante un fuerte plan de mantenimiento escolar. En este marco, ya se han instalados 75 equipos nuevos de calefacción, en establecimientos educativos de toda la provincia.
Tras las manifestaciones críticas surgidas en el marco de la última Convención funcional Radical realizada en Santa Cruz, al vicegobernador de la provincia, Samir Zeidán, se pronunció con contundencia frente a los cuestionamientos provenientes del sector que lidera la diputada nacional Roxana Reyes, al que acusó de haber deteriorado la Unión Cívica Radical y de haber sido funcional al kirchnerismo en los últimos comicios.
La joven madre de Río Turbio se quitó la vida en diciembre tras un proceso judicial que, según denuncian sus allegados, la revictimizó. Sin acceso al expediente ni respuestas del sistema, su familia mantiene viva la lucha para que su historia no sea olvidada.
Se llevó adelante una jornada especial destinada a jóvenes de entre 13 y 18 años convocados por Casa de las Juventudes, en el marco del circuito histórico educativo que pone en valor el patrimonio cultural de la ciudad de Río Turbio.
El jefe de Gabinete destacó los avances de la gestión provincial en materia energética, educativa y productiva. Valoró el acuerdo con YPF, habló de la situación de las escuelas, y subrayó el compromiso con el desarrollo económico y el diálogo con los municipios.
Se encuentra en el Centro Cultural Santa Cruz y cuenta con documentación histórica sobre la vida política y social de nuestra provincia y sus localidades. Funciona desde su creación en 1983 y a partir de 1996 depende de la Secretaria Estado de Cultura del Ministerio de Gobierno. Cuenta con una sala de consulta, donde se puede asistir para estudiar, investigar y/o leer algún libro.
A comienzos de esta semana personal del Museo María Sofía Villagrán de la localidad de Tres Lagos recibieron a sus colegas de la Casa Museo Primera Escuela y del área de Patrimonio de El Chaltén para un intercambio de experiencias, conocimientos y proyectos, además de una planificación conjunta para el desarrollo de futuras actividades en colaboración.
La beba que estuvo internada por signos compatibles con una intoxicación fue dada de alta y se encuentra en buen estado junto a su familia. Autoridades de hospital no quisieron brinar información excusándose en la confidencialidad de los pacientes, aunque en otros casos brindan detalles, lo que generó molestias de profesionales del mismo hospital.
En el marco de Semana Santa, el municipio de Caleta Olivia a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó una jornada de entrega de 3000 kilos de merluza a familias en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevará adelante este jueves a las 10 de la mañana una entrega de merluza a las familias de Río Gallegos, en el marco de las acciones especiales por Semana Santa.
Jorge Matulich contó sus sensaciones de cara al debate que comenzará este lunes en las instalaciones de la Cámara Oral. "Esteban González sabía las consecuencias que que podía originar su responsabilidad y sin embargo lo hizo y siguió" indicó.
La diputada nacional Roxana Reyes, Vocal ante el Consejo de la Magistratura, está en el foco de una denuncia contra su empleada Morena Agustina Guatti por quien le piden al Dr Horacio Rosatti, Presidente del CM de la Nación, instruya una investigación sumarial a ésta última.