
El Chaltén: Asentamiento “23 de Abril”, el juez analiza postergar el desalojo
Tras una inspección ocular en El Chaltén, el magistrado trabaja en una resolución que podría ampliar los plazos iniciales de desalojo.
La legisladora de Libres del Sur se mostró negativa a votar afirmativamente la adhesión y dijo que “no se puede hacer de cualquier modo y a cualquier costo”. El jueves se tratará el Proyecto y 16 sindicatos se movilizarán a la Cámara de Diputados.
General10/09/2024 patagoniahoy
Este jueves la Legislatura de Santa Cruz tratará la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la diputada de Libres del Sur dentro de Por Santa Cruz y vicepresidenta primera de la Legislatura de Santa Cruz, Claudia Barrientos, adelantó su posicionamiento.
El RIGI establece incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos para titulares de un único proyecto de inversiones que superen los US$ 200 millones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de la sanción de la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.
El régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
El viernes se conoció una nota de Libres del Sur Santa Cruz en la que Libres del Sur sostiene su oposición a la adhesión de Santa Cruz al RIGI tal cual lo plantea el gobierno nacional, justificando si posición en que este “favorece a las grandes empresas, profundiza la desigualdad y dejará un devastador pasivo ambiental”. Desde Libres del Sur sostienen que la creación de empleo en Santa Cruz debe centrarse en el fomento y apoyo a las PyMEs y el impulso de la economía popular, social y solidaria.
En ese sentido, y a horas del debate parlamentario, Barrientos sostuvo que su postura es conocida desde el mismo momento que comenzó a formar parte del espacio y que “no sorprende” a nadie. “Hace tiempo venimos teniendo una caracterización negativa del Gobierno nacional y participamos de movilizaciones contra la Ley bases y en defensa de la Universidad”, sostuvo.
“Tengo una postura bien firme y tomada. Debe haber inversiones, pero para adherir al RIGI debe ser bien debatido para ver en qué nos beneficia como Provincia. Este proyecto de adhesión al RIGI nacional no lo acompaño”, sentenció.
“El RIGI debería tener cuidar los recursos naturales, que el Estado pueda tomar decisiones y que las empresas dejen algo en favor de Santa Cruz. No se puede hacer de cualquier modo y a cualquier costo”, cerró.

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Un grupo de periodistas especializados en turismo, pertenecientes a los medios más importantes del país, arribará este lunes a Puerto Deseado con el objetivo de capturar imágenes y producir contenidos sobre los paisajes más representativos de la ciudad.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio (SOEM) presentó una intimación formal al intendente Darío Menna ante el incumplimiento del acuerdo salarial firmado y aprobado por decreto en octubre.

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La organización presentó un plan de contingencia ante el Municipio, solicitando la conformación inmediata de la Junta Municipal de Protección Civil y proponiendo acciones concretas para garantizar el acceso al agua en los barrios más afectados.

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Según el relato de la víctima, fue interceptada por dos hombres, trasladada hasta la costa y atada. Aseguró que el ataque estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con la pareja.

Tras el congreso extraordinario celebrado en Los Antiguos, el gremio docente resolvió llevar sus reclamos laborales y salariales a la reunión de este jueves 27.

La discusión por la salida de chatarra (rezago) de YCRT volvió a encender un fuerte cruce entre la conducción nacional de la empresa y la dirigencia sindical de ATE Santa Cruz. El conflicto se hizo público luego de que Carlos Garzón, secretario general provincial de ATE, acusara al interventor Pavel Gordillo de autorizar retiros de materiales en beneficio de terceros y de avanzar en una reestructuración que —según afirmó— podría “vaciar la empresa”.

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