Gremios se movilizarán hacia la Legislatura en contra del RIGI y en reclamo de la Emergencia Habitacional

El jueves 12 de septiembre se espera una jornada de alta tensión en Santa Cruz, cuando los gremios se movilicen hacia la Legislatura en rechazo al Régimen de Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura (RIGI). Esta protesta se enmarca en el contexto de un encendido debate legislativo impulsado por el proyecto de adhesión al RIGI, presentado por el diputado del oficialismo Piero Boffi.

Los sindicatos, que ya se pronunciaron en contra del régimen, argumentan que su implementación afectará gravemente los recursos naturales de la provincia, beneficiando a las grandes corporaciones en detrimento de las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas locales. En un comunicado conjunto, los representantes gremiales señalaron: "El RIGI promueve megaproyectos extractivos que priorizan a las empresas sobre el bienestar de la comunidad, permitiéndoles desatender el suministro de agua y energía si así lo requieren". 
 

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Pedro Mansilla, afirmó que la movilización es resultado de reuniones entre gremios provinciales y nacionales: "Es crucial que nuestras demandas sean escuchadas. El impacto negativo del RIGI es claro para los trabajadores y sus familias, y no podemos permitir que se sigan destruyendo nuestras economías locales". Mansilla también hizo referencia a la crisis habitacional que atraviesa la provincia, otro de los puntos fuertes de la movilización.

Asimismo, el proyecto de ley de Emergencia Habitacional, impulsado por diversos sindicatos, también espera para ser tratado en la sesión legislativa. Las organizaciones gremiales aseguran que la provincia enfrenta "una grave crisis habitacional" que afecta a miles de familias. Entre los puntos clave del proyecto se contempla la afectación de hasta un 3,5% del Tesoro Provincial para la construcción y acondicionamiento de viviendas.

"La situación es alarmante. Cada vez más familias no tienen acceso a una vivienda digna", señaló un portavoz de los gremios judiciales. El proyecto, además de buscar soluciones a la crisis, pretende reactivar la economía local a través del impulso a la industria de la construcción y la creación de empleo.