En un hecho de gravedad institucional, el miembro del máximo órgano judicial se negó a aceptar lo resuelto ayer por voto mayoritario de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.
Actualidad16/10/2025 patagoniahoy
Tras conocerse la resolución de la Sala Acusadora, el vicegobernador Fabián Leguizamón -en su calidad de presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz- hizo llegar la notificación correspondiente al presidente del TSJ, Dr. Daniel Mariani, y por su intermedio a todos los vocales que componen el máximo órgano judicial de la provincia, tal como lo establece la ley. No obstante, el acusado Fernando Basanta hoy se negó a firmar la notificación que lo suspende en el ejercicio de sus funciones como vocal del TSJ con goce de medio sueldo hasta tanto la Sala Juzgadora dicte resolución definitiva del Juicio Político en curso y defina si corresponde su remoción del TSJ.
Vale recordar que los diputados que integran la Sala Acusadora ayer resolvieron por voto mayoritario suspender al abogado Fernando Basanta del ejercicio de sus funciones como vocal del Tribunal Superior de Justicia por no cumplimentar con los seis años de ejercicio de la profesión, uno de los requisitos mínimos que exige la Constitución Provincial y las leyes para ocupar dicho cargo.
Con este llamativo y polémico gesto, Basanta evita la notificación de dicha medida provisoria, en un hecho que va en contra de lo resuelto por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz e incumpliendo con lo estipulado en la Ley 13 “Reglamentaria del Artículo 137 de la Constitución Provincial”, aferrándose a su cargo mientras acelera nuevos nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia.
Luego de que trascendiera públicamente su negativa inicial, el abogado Fernando Basanta remitió a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados la cédula firmada que confirma su notificación formal de suspensión en el cargo.
Durante una exposición ante diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería. Daniel González, sostuvo que las negociaciones con la UTE avanzan y que el mismo monto previsto para este año se traslada al presupuesto 2026, para asegurar financiamiento. El funcionario respondió preguntas de la diputada Ana María Ianni. También habló sobre YCRT y calificó su generación de energía como “ineficiente y sucia”. Dijo que aún no hay decisiones sobre el futuro de la empresa, aunque aseguró que se mantiene el la partida para el pago de sueldos.
Una denuncia penal presentada en noviembre de 2024 expone un entramado de pagos irregulares y presunto desvío de fondos públicos entre Santa Cruz y Chaco, a través de la fundación Valdocco dirigida por el cura Juan Carlos Molina. El perjuicio superaría los $10.000 millones.
La hija de un paciente de 75 años lanzó un pedido público para conseguir Sorafenib 200 mg, necesario para continuar el tratamiento contra un cáncer de hígado. La obra social demora la entrega pese a una orden judicial. “Quizás algún vecino tenga la medicación y ya no la esté necesitando”, dijo Beatriz.
"La justicia que no es justicia. La justicia que hace política hoy desde la oposición antes desde el oficialismo, la justicia que tiene que cambiar, mejorar el servicio para la comunidad es triste y lamentable tener que decirlo, pero eso pasa".
Mientras los cuatro vocales que desconocen la ampliación del Tribunal a nueve miembros mantienen su postura, la nueva mayoría ratificó a Mariani al frente del cuerpo y requirió el auxilio de la Policía para hacer cumplir la medida. Además, convocaron a una sesión extraordinaria para tratar la paritaria judicial.
La defensora pública Ornela Guidi pidió suspender o extender el plazo de desalojo del inmueble por un centenar de personas. Sostiene que la crisis habitacional y el inicio de la temporada turística agravan la situación de los ocupantes. Además, pide que el caso sea tratado en el fuero civil, ya que no están comprobadas las condiciones para configurar la ocupación como un delito de usurpación.
El diputado nacional José Luis Garrido (Por Santa Cruz) presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de "garantizar la independencia judicial y la forma republicana de gobierno". La iniciativa establece un plazo inicial de 180 días y faculta al interventor a revisar y reorganizar la estructura judicial provincial.
Se trata de Cristian Cancinos, director de la Regional Norte, quien habría dejado sin efecto el secuestro de un rodado que era conducido por una menor que no tenía los documentos necesarios. El nuevo jefe de la institución sería José Britos. El malestar en la institución es palpable: "indigna"
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El gobernador Claudio Vidal encabezó un acto en Cañadón Seco, donde pidió el acompañamiento a Noelia Arias para la Comisión de Fomento y a José Daniel Álvarez como candidato a diputado nacional. Frente a vecinos y trabajadores, reafirmó el rumbo de su gestión y llamó a “apostar a la producción, al trabajo y a la recuperación de la cultura del esfuerzo”.