Con gran entusiasmo comenzó el Ciclo Lectivo 2025 en El Chaltén

Durante una exposición ante diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería. Daniel González, sostuvo que las negociaciones con la UTE avanzan y que el mismo monto previsto para este año se traslada al presupuesto 2026, para asegurar financiamiento. El funcionario respondió preguntas de la diputada Ana María Ianni. También habló sobre YCRT y calificó su generación de energía como “ineficiente y sucia”. Dijo que aún no hay decisiones sobre el futuro de la empresa, aunque aseguró que se mantiene el la partida para el pago de sueldos.

En un hecho de gravedad institucional, el miembro del máximo órgano judicial se negó a aceptar lo resuelto ayer por voto mayoritario de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

Una denuncia penal presentada en noviembre de 2024 expone un entramado de pagos irregulares y presunto desvío de fondos públicos entre Santa Cruz y Chaco, a través de la fundación Valdocco dirigida por el cura Juan Carlos Molina. El perjuicio superaría los $10.000 millones.

La hija de un paciente de 75 años lanzó un pedido público para conseguir Sorafenib 200 mg, necesario para continuar el tratamiento contra un cáncer de hígado. La obra social demora la entrega pese a una orden judicial. “Quizás algún vecino tenga la medicación y ya no la esté necesitando”, dijo Beatriz.

"La justicia que no es justicia. La justicia que hace política hoy desde la oposición antes desde el oficialismo, la justicia que tiene que cambiar, mejorar el servicio para la comunidad es triste y lamentable tener que decirlo, pero eso pasa".

Mientras los cuatro vocales que desconocen la ampliación del Tribunal a nueve miembros mantienen su postura, la nueva mayoría ratificó a Mariani al frente del cuerpo y requirió el auxilio de la Policía para hacer cumplir la medida. Además, convocaron a una sesión extraordinaria para tratar la paritaria judicial.

La defensora pública Ornela Guidi pidió suspender o extender el plazo de desalojo del inmueble por un centenar de personas. Sostiene que la crisis habitacional y el inicio de la temporada turística agravan la situación de los ocupantes. Además, pide que el caso sea tratado en el fuero civil, ya que no están comprobadas las condiciones para configurar la ocupación como un delito de usurpación.

El diputado nacional José Luis Garrido (Por Santa Cruz) presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de "garantizar la independencia judicial y la forma republicana de gobierno". La iniciativa establece un plazo inicial de 180 días y faculta al interventor a revisar y reorganizar la estructura judicial provincial.