Legislatura: el oficialismo va por una ampliación del Tribunal Superior de Justicia

El proyecto de ley ingresado este miércoles en la Legislatura provincial propone modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia de Santa Cruz para ampliar de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La iniciativa fue firmada por los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen, del bloque Por Santa Cruz, y contempla además la incorporación expresa del criterio de paridad de género para la selección de los nuevos vocales.

La propuesta representa uno de los cambios institucionales más significativos de los últimos años en el diseño del Poder Judicial santacruceño. Según los autores del proyecto, la ampliación responde a un diagnóstico de “saturación estructural” del TSJ, agravado por el crecimiento poblacional y la mayor complejidad de los conflictos sociales y jurídicos que llegan al máximo tribunal.

Desde 1995, cuando la Ley 2404 estableció la actual integración de cinco miembros, la población de la provincia se duplicó, pasando de 159.839 habitantes a más de 337.000 según el último censo. Los autores sostienen que el promedio de habitantes por juez vocal creció de 31.978 a 67.445, lo que “expone una distorsión en la capacidad de respuesta institucional”.

El proyecto plantea que la designación de los nuevos integrantes seguirá el mecanismo vigente: ternas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, con pliego abierto y orden alfabético. No obstante, incorpora como mandato la paridad de género, garantizando un acceso igualitario de mujeres a los cargos más altos de la estructura judicial.

Los fundamentos del proyecto también aluden al impacto de la “modernidad” en los conflictos sociales, destacando la necesidad de que el Poder Judicial esté a la altura de las nuevas demandas ciudadanas. Señalan que no contar con un TSJ fortalecido afecta derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el principio de inocencia y la igualdad ante la ley, entre otros.

En ese sentido, el texto cita documentos internacionales, como el informe del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre Justicia para las Mujeres, que sostiene que la participación femenina en el sistema judicial es “un derecho humano y un componente esencial de la buena gobernanza”.

Más allá de la cuestión técnica, el proyecto se inscribe en un contexto de tensiones institucionales dentro de la provincia. La iniciativa busca distanciarse de “prácticas oscuras y manipulaciones políticas” del pasado y plantea una visión de “reconstrucción ética” del sistema judicial, que exige, según los autores, más jueces y un compromiso activo con la legalidad, la transparencia y la eficacia.