La diputada Adriana Nieto habló sobre su renovación en el Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz. Reveló los obstáculos que enfrentan los ciudadanos para denunciar jueces, los vacíos legales y las internas del Poder Judicial que frenan el accionar de este órgano clave.
Actualidad10/06/2025 patagoniahoy
La diputada provincial Adriana Nieto renovó su cargo como representante de la Cámara de Diputados en el Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz, el órgano que tiene la tarea de juzgar el accionar de jueces y funcionarios judiciales -excepto los vocales del Tribunal Superior de Justicia- ante denuncias de la ciudadanía. Detalló las funciones del Tribunal y las dificultades reales que existen para que esas denuncias prosperen.
"El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano que debe determinar la responsabilidad de los magistrados y funcionarios judiciales, según lo marca la Constitución. Pero la realidad es que hoy no podemos avanzar con los procesos", expresó Nieto.
El Tribunal está conformado por tres integrantes: un representante de la Legislatura (actualmente Nieto), uno del Tribunal Superior de Justicia (este año, la doctora René Fernández) y un abogado del Foro Provincial (la doctora Alicia de Rivas, de Caleta Olivia). Por primera vez, todas las titulares y suplentes son mujeres.
Durante el año pasado, según relató la legisladora, se presentaron varias denuncias contra jueces, pero ninguna prosperó. ¿El motivo? "Muchos ciudadanos no pueden cumplir con el requisito de contar con un abogado patrocinante, y quienes sí lo hacen se enfrentan a un laberinto legal sin salida", afirmó.
La confusión radica en una pulseada entre leyes vigentes. Mientras la Legislatura sancionó en 2023 la nueva Ley 3859 que moderniza los procesos del Tribunal, una medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y resuelta por la jueza de familia Cecilia López suspendió su aplicación. "Estamos ante una verdadera encerrona jurídica. El Tribunal Superior ahora nos exige que apliquemos la vieja Ley 28, lo que vuelve todo más opaco y menos participativo", sostuvo Nieto.
La diputada fue crítica respecto de la injerencia judicial sobre decisiones legislativas. "Una jueza de familia decidió suspender la ley que votó la Cámara. Esto es grave. El Poder Judicial está vetando leyes, algo que no le corresponde", denunció. Y agregó: "La suspensión debería aplicar solo para quienes presentaron la cautelar, no para toda la ciudadanía".
Por otro lado, Nieto se refirió a la dificultad de conseguir abogados dispuestos a patrocinar denuncias contra jueces: "No es nada fácil. El Tribunal Superior regula nuestras matrículas, y muchos letrados temen represalias solo por expresarse".
También sorprendió al opinar sobre el repentino cambio de representante del Tribunal Superior en el Consejo de la Magistratura. "Reemplazaron al doctor Mariani por Fernando Basanta de forma intempestiva. Lo conocí por los medios, y prefiero no saber más. Me preocupa cómo se toman estas decisiones tan rápido y en silencio", afirmó.
Finalmente, expresó su deseo de que el Tribunal de Enjuiciamiento funcione como una herramienta real de control ciudadano. "Espero que este año podamos avanzar en los procesos y que las denuncias se investiguen. No importa si terminan con una sanción o no, lo importante es que haya justicia y transparencia", concluyó.
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