La conversión de YCRT en Sociedad Anónima genera fuerte preocupación entre los trabajadores. Desde ATE y otros gremios advierten sobre el posible vaciamiento de derechos laborales, mientras que el interventor Pablo Gordillo asegura que el control estatal está garantizado y que se trabaja para ordenar la empresa sin despidos ni privatizaciones encubiertas.
General25/07/2025 patagoniahoy
El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima mantiene un clima de tensión entre los trabajadores y las autoridades. Mientras los gremios insisten en que el nuevo esquema amenaza la estabilidad laboral y los convenios colectivos de trabajo, desde la intervención se busca llevar tranquilidad y remarcar los aspectos organizativos y jurídicos del cambio.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general de Río Turbio, Matías Delgado, dejó en claro que no aceptarán la discusión de un nuevo convenio. Asegura que el actual —vigente desde 1975 y homologado a nivel nacional— es un derecho adquirido y no negociable. Además, planteó que el decreto presidencial que habilita la transformación va en contra de principios laborales fundamentales, al intentar desplazar a los trabajadores al régimen privado sin garantías claras.
En ese marco, Delgado reclamó la urgente participación del gobernador en las negociaciones, y advirtió sobre la necesidad de un plan productivo que garantice la permanencia de los puestos de trabajo. “Nos vamos a seguir sentando a discutir siempre y cuando esté toda la gente adentro”, advirtió.
Por su parte, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, reconoció que la indefinición en torno a los convenios colectivos es uno de los principales focos de incertidumbre en este proceso. Actualmente, la empresa opera bajo cuatro convenios distintos (ATE, Luz y Fuerza, APS y La Fraternidad), lo cual complica la definición de un marco laboral común en el esquema societario.
Gordillo afirmó que la ATEP (Agencia de Transformación de Empresas Públicas) ya fue notificada para que avance en una definición concreta sobre el esquema laboral. Además, reconoció que hay plazos que vencen en las próximas semanas, y que parte de las demoras se deben a la judicialización impulsada por ATE, que denunció la inconstitucionalidad de artículos claves del decreto.
Desde la intervención sostienen que no hay una intención de desmantelar derechos ni privatizar la empresa. Gordillo remarcó que el Estado Nacional mantendrá el 51% de las acciones, y que los trabajadores podrán participar del 10% restante a través del régimen de propiedad participada. También se contempla la posibilidad de incorporar un director que los represente dentro del nuevo directorio.
Gordillo explicó además que la prioridad actual es ordenar la estructura jurídica y contable de YCRT para avanzar luego en una eventual reactivación productiva. “El Estado nos dijo que no pondrá más fondos hasta que la empresa esté organizada bajo el nuevo esquema. Luego se evaluarán inversiones”, indicó.
En cuanto a la comercialización, el interventor detalló que se comenzó a desarrollar un área específica para evaluar precios y oportunidades de venta de carbón, algo que históricamente estuvo desatendido. También se están por incorporar las reservas certificadas como activos, lo cual fortalecería el perfil de la empresa ante posibles compradores o inversores.
Respecto al puerto de Punta Loyola, donde YCRT tiene instalaciones estratégicas, Gordillo reveló que se avanzó en un convenio de uso conjunto con la empresa CGC, y que se busca incluir al puerto en los proyectos provinciales de desarrollo, como zonas francas e iniciativas vinculadas al hidrógeno verde.
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