El gobierno exige explicaciones por 26 mil millones girados al municipio de Río Gallegos

El conflicto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Río Gallegos sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, lanzó fuertes críticas al intendente Pablo Grasso por la falta de rendición sobre el uso de los fondos girados por coparticipación. Según detalló el funcionario, en los primeros cinco meses del año se transfirieron $26.356 millones, sin que el municipio haya presentado un solo informe formal sobre el destino de esos recursos.

"Estamos hablando de más de 26 mil millones de pesos, un promedio de 5.250 millones mensuales. Mientras el intendente se la pasa cuestionando a la provincia por recursos e inversiones, nosotros tenemos todo publicado, accesible en boletines oficiales y en la web. Pero desde el municipio no hay transparencia. No presentan informes, no hay boletín oficial, y no se sabe cómo se usa la plata", disparó Brizuela.

El ministro fue más allá y cuestionó el estilo de conducción del jefe comunal. "No puede ser que una capital provincial tenga un sistema de acceso a la información como si fuera una estancia, y Grasso su patrón. Eso es inadmisible en una democracia moderna", sostuvo.

 Además, apuntó contra el Tribunal de Cuentas, al que acusó de haber tenido una actitud "pasiva y permisiva" frente a la gestión municipal. "Durante años se mantuvo al margen, sin auditar en profundidad. Es grave que un municipio con semejante volumen de fondos no tenga controles efectivos", advirtió.

En un tono firme, Brizuela insistió en que es hora de "poner fin a las zonas grises en el manejo de los fondos públicos", y llamó a establecer estándares de transparencia tanto a nivel provincial como municipal. "Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía, y no se puede seguir administrando con opacidad", cerró.

La denuncia pública del Gobierno provincial marca un nuevo punto de tensión entre el oficialismo provincial y la gestión municipal de Río Gallegos, en un contexto donde la crisis económica y la demanda social elevan la sensibilidad por el uso de cada peso del Estado.