La legisladora santacruceña compartió en redes sociales la nota publicada con los militantes que van a CABA para apoyar a la expresidenta y dijo que los que salgan de El Calafate vayan por la ruta 9 “así se convencen de la dimensión del robo”.
Actualidad17/06/2025 patagoniahoy
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) hizo un duro descargo en las redes sociales luego que este lunes salieran dos colectivos desde la sede del Partido Justicialista de Río Gallegos y otro desde El Calafate rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar de la convocatoria prevista para este miércoles en respaldo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Compartiendo la publicación, la legisladora afirmó: “A los que van a apoyar a Cristina desde Calafate les tiro una idea, agarren la ruta 9 (Calafate /Piedrabuena) así se convencen de la dimensión del robo”.
En ese sentido, remarcó que se trata de “una de las tantas rutas cobradas y abandonadas, por ahí quién te dice que los kilómetros de ripio, los hacen reflexionar y se vuelven”. Incluso, en el posteo, señaló: “Y después cuando pasen por la ruta 3 en el trayecto Caleta/Comodoro traten de ir durmiendo así no se sienten con síndrome de Estocolmo”.
Pero no fue del único tema que habló. En otro posteo se refirió a las amenazas contra el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N°2, quien investiga el caso Vialidad y debe ejecutar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.
“Repudiamos enérgicamente las amenazas recibidas por el juez Jorge Gorini”, afirmó al tiempo que agregó: “La violencia política dirigida contra jueces y medios de comunicación no puede ser tolerada en una democracia. Estas agresiones representan un intento de condicionar a la Justicia y atentar contra su independencia”.
Y subrayó: “Quienes han delinquido no pueden alentar a la sociedad a rebelarse contra las decisiones de uno de los poderes del Estado. Eso los convierte en responsables directos de las consecuencias de la violencia que promueven”.
Al tiempo que sostuvo: “Pedimos a las autoridades nacionales que refuerce la protección de los magistrados y su entorno personal y profesional; inicien de inmediato todas las investigaciones necesarias para identificar a los responsables; y garanticen que estos actos intimidatorios no queden impunes”.
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