ALcances de la Ley de Mediación que se aprobó en Cámara de Diputados

 Este jueves, tal como estaba previsto en el orden del día de la tercera sesión ordinaria del año, se sancionó una Ley de Mediación promueve un método pacífico de resolución de conflictos, diálogo directo y cooperación. Asimismo, la iniciativa está pensada para facilitar el acceso a la justicia, descomprimir la carga del sistema judicial y dar respuesta a la necesidad de soluciones ágiles, humanas y colaborativas.

El proyecto de ley había sido elevado a la legislatura en la primera sesión del año, presentado por la diputada del bloque oficialista de Por Santa Cruz, Adriana Nieto. La autoridad de aplicación será ejercida por el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que establezca su competencia, y estará integrada por la delegación Zona Norte, delegación Zona Centro y delegación Zona Sur, con el fin de integrar y abarcar el extenso territorio provincial.

La norma busca crear el Registro Provincial de Mediadores en el ámbito de aplicación, en cual deberán matricularse los mediadores que se encuentren habilitados conforme a la presente ley y su reglamentación. Los mediadores que acrediten la certificación de los cursos de formación y entrenamiento dictados por instituciones habilitadas, podrán solicitar su matriculación ante el Registro Provincial.

Durante su tratamiento en comisiones, Nieto había indicado que “la mediación es un proceso no adversarial, voluntario, informal, confidencial en el que un tercero neutral –mediador-, facilita y coordina la comunicación directa entre las partes guiándolas para tratar de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable para resolver sus diferencias y/o conflictos”.

A comisiones
Por otro lado, se pasó a comisiones el pedido para conformar una Comisión Especial para designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cargo que requiere idoneidad, experiencia y un perfil profesional vinculado a la protección activa de derechos.

 
También el proyecto para avanzar con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, mediante una reforma integral del organismo de control que, según el oficialismo, busca fortalecer la transparencia, eficacia y celeridad en la gestión de los recursos públicos, en línea con la Constitución Provincial.