El Gobierno de Santa Cruz presentó nuevas denuncias contra Pablo y María Grasso por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Río Gallegos. Se amplió la documentación ante la Justicia con pruebas que detallan la omisión de normativas, el manejo discrecional de lotes y el perjuicio al Estado provincial.
Actualidad04/02/2025 patagoniahoy
El Ejecutivo Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), continúa con las acciones judiciales para esclarecer presuntas maniobras irregulares en la adjudicación de lotes en Río Gallegos durante las gestiones de Pablo y María Grasso. La investigación se centra en el manejo de tierras fiscales en Barrio El Faro, y expone un esquema de adjudicación arbitraria sin los debidos procesos administrativos.
Según la documentación presentada ante la Justicia, se formalizaron dos nuevas denuncias penales, cada una dirigida a los exfuncionarios, fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado.
El nuevo material probatorio profundiza las irregularidades en la adjudicación de terrenos, evidenciando un manejo discrecional y la omisión de requisitos esenciales. Según la investigación, se otorgaron lotes a beneficiarios que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, sin que se aplicaran los controles legales exigidos en estos procesos.
Además, se detectó que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos. Asimismo, el informe señala la existencia de incompatibilidades legales y éticas en la distribución de lotes fiscales, profundizando el daño patrimonial al Estado y afectando la transparencia en la administración del suelo urbano.
Las nuevas denuncias presentadas profundizan las irregularidades ya informadas públicamente, incorporando elementos jurídicos y administrativos que refuerzan la gravedad del caso. Cabe recordar que Pablo Grasso ocupó la presidencia del IDUV entre 2015 y 2019, mientras que María Grasso estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023.
La actual gestión del IDUV ha avanzado en una auditoría integral sobre las adjudicaciones realizadas en los últimos años, con el objetivo de transparentar el manejo del suelo urbano y garantizar que la asignación de lotes se realice con equidad y conforme a la normativa vigente.
El Gobierno de Santa Cruz ratificó su compromiso de continuar con el ordenamiento y la regularización de la entrega de tierras fiscales, con el objetivo de evitar que el acceso a un derecho fundamental como la vivienda se convierta en una herramienta de uso discrecional con fines políticos o sectoriales.
Una querella presentada por el titular de la Fundación Valdocco tiene su origen en publicaciones en redes sociales contra su persona y contra la institución educativa. Deberán comparecer a una audiencia penal. Hay funcionarios provinciales. De El Calafate fueron citados el concejal Juan Carlos Rueda y el ex delegado de Trabajo, Manuel Miranda.
María Lorena Ross se hizo cargo de la vacante en el área de Salud y Ambiente de Santa Cruz tras la designación del Gobernador Claudio Vidal.
La Justicia condenó a 13 años de prisión a Gustavo Ezequiel Donaire por abusar sexualmente de Millaray Cattani, una adolescente de 15 años que se quitó la vida en 2021.
El intendente de Puerto Deseado se refirió a la demora en el inicio de la zafra del langostino. "Tendría que haber comenzado en mayo para finalizar en octubre y todavía no ha empezado", indicó. Sostuvo que el impacto se siente fuerte en la comunidad. "No solo es el marinero, es el estibador, el remisero, el kioskero, toda la cadena económica local".
Los estibadores de Puerto Deseado alcanzaron un acuerdo clave que habilita la descarga de buques fresqueros con el objetivo de reactivar la actividad en el puerto.
ATE Santa Cruz presentó un reclamo formal exigiendo la nulidad del acta firmada en la paritaria de salud del 26 de junio. El gremio advirtió que el acuerdo fue homologado sin su consentimiento, vulnerando derechos constitucionales y laborales, y exigió la reapertura inmediata de la mesa de negociación.
Luego de cuatro años de investigación impulsada por la familia de la adolescente y tras las jornadas del juicio, los jueces deberán decir la pena para el imputado. La Fiscalía coincidieron en pedir una pena de 13 años de prisión, aunque la máxima puede ser de 15, mientras que la defensa pidió la absolución y en caso de que sea condenado sea la mínima.
Con el objetivo de seguir consolidando una agenda regional conjunta, los gobernadores de las provincias patagónicas volverán a reunirse el próximo 4 de julio en la localidad chubutense de Gobernador Costa.
El mes pasado el conjunto de los quince municipios y las cinco comisiones de Fomento, recibieron un total de $17.187,69 millones de pesos. Esta cifra fue un 12,2% menos que lo distribuido en el mes de mayo. Al tiempo que representó una caída real interanual de casi 16 puntos respecto de junio del año pasado.
El intendente de Puerto Deseado se refirió a la demora en el inicio de la zafra del langostino. "Tendría que haber comenzado en mayo para finalizar en octubre y todavía no ha empezado", indicó. Sostuvo que el impacto se siente fuerte en la comunidad. "No solo es el marinero, es el estibador, el remisero, el kioskero, toda la cadena económica local".
La Justicia condenó a 13 años de prisión a Gustavo Ezequiel Donaire por abusar sexualmente de Millaray Cattani, una adolescente de 15 años que se quitó la vida en 2021.
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Una querella presentada por el titular de la Fundación Valdocco tiene su origen en publicaciones en redes sociales contra su persona y contra la institución educativa. Deberán comparecer a una audiencia penal. Hay funcionarios provinciales. De El Calafate fueron citados el concejal Juan Carlos Rueda y el ex delegado de Trabajo, Manuel Miranda.