Un proyecto de ley presentado por los diputados Carlos Godoy (foto), Karina Nieto y Elba Ponce del bloque Unión por la Patria, propone instaurar en Santa Cruz una “Política de Tolerancia Cero al Consumo de Drogas en la Función Pública”, que establece la realización de controles toxicológicos aleatorios y periódicos a los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La iniciativa, que tomó estado parlamentario en la sesión del 9 de octubre, busca garantizar “la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”, según lo expresado en su artículo primero.
Quiénes estarían alcanzados
El texto al que accedió Ahora Calafate especifica que los controles serían obligatorios para todas las autoridades electas —como el gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales—, así como para los funcionarios de designación política que integren gabinetes, secretarías o direcciones superiores.
El Ministerio de Salud y Ambiente será la autoridad de aplicación, o el organismo que éste designe para la ejecución y fiscalización de los procedimientos.
Cómo serían los controles
El proyecto autoriza la detección de alcohol, cocaína y sus derivados, además de otras sustancias que la autoridad sanitaria determine. El examen de orina sería el método principal de análisis, realizado exclusivamente en laboratorios privados acreditados bajo normas de calidad, seleccionados por sorteo para garantizar la independencia técnica.
La norma también contempla un sistema de doble muestra (frasco A y B): la primera para el análisis inicial y la segunda para una posible contraprueba, en caso de que el funcionario impugne el resultado. El proceso completo deberá quedar registrado mediante una cadena de custodia que preserve la identidad y los derechos de la persona controlada.
Sanciones y medidas disciplinarias
En caso de un resultado positivo confirmado, el proyecto diferencia las consecuencias según el tipo de cargo:
Para funcionarios no electivos, la sanción sería la remoción automática del cargo, con la posibilidad de acceder a programas de tratamiento.
Para funcionarios electivos, se notificará a la Legislatura o Concejo Deliberante correspondiente, para evaluar una suspensión del mandato, conforme a las leyes vigentes.
El texto también dispone la obligatoriedad de iniciar un plan de salud, y prevé la suspensión preventiva de 90 días sin goce de haberes en caso de reincidencia.
“Una política de transparencia y responsabilidad social”
En los fundamentos del proyecto, los autores explican que el objetivo principal es “promover una cultura de transparencia, confianza ciudadana y ética pública” dentro del Estado provincial.
“Este proyecto tiene como principal enfoque traer a debate dos cuestiones fundamentales: la transparencia y la responsabilidad social de quienes ocupamos espacios de decisión”, señalan los diputados.
En otro tramo del documento, destacan que la propuesta busca proteger tanto a los funcionarios como a la comunidad, mediante un régimen que combine “detección en consumo, garantías de proceso, acceso a tratamientos y sanciones proporcionales”.
