Separaron a 12 efectivos de la Policía de Santa Cruz por el femicidio de Antonella Aybar

La Policía de Santa Cruz resolvió apartar de sus funciones a doce efectivos de la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia por su deficiente accionar durante el operativo vinculado al femicidio de Antonella Aybar, ocurrido el pasado 16 de mayo. La decisión fue adoptada por la División de Asuntos Internos tras una investigación preliminar que detectó graves irregularidades en la intervención policial durante las primeras horas del hecho.

 
 
La medida fue confirmada por Mario Aybar, padre de la joven asesinada, quien recibió la información directamente del juez Gabriel Contreras. Según explicó el magistrado, el apartamiento fue impulsado de forma directa por la unidad que supervisa el desempeño interno de la fuerza.

 
Antonella Aybar, de 25 años, fue asesinada por su pareja, Nicolás Moyano, quien posteriormente se quitó la vida dentro de la casa que compartían en el barrio 13 de Diciembre. En el ataque también resultó herida Estela Ganga, madre del agresor, que intentó defender a su nuera y recibió una puñalada en la axila. Ganga, de 53 años, fue asistida por un vecino y trasladada al Hospital Zonal.

 
De acuerdo con el expediente judicial, el primer llamado de auxilio al 911 se registró a las 6:40 de la mañana. Un vecino alertó sobre la situación mientras auxiliaba a Ganga, quien se hallaba gravemente herida frente al domicilio de calle Escocia al 900. Según testigos, la mujer pidió a los policías que ingresaran a la vivienda, pero los efectivos no lo hicieron. En su lugar, dejaron una consigna policial en el lugar y comenzaron un rastrillaje bajo la presunción de que la pareja había huido en moto.

 
Recién después del mediodía y con una orden judicial, los policías accedieron al domicilio, donde encontraron los cuerpos sin vida de Antonella y Moyano. El comisario Elbio Ramírez justificó la demora afirmando que no podían entrar sin orden judicial, versión que fue rápidamente desmentida por fuentes judiciales. Estas aseguraron que nunca se solicitó una autorización formal y que, en una situación de peligro inminente, los agentes no solo estaban habilitados para entrar, sino legalmente obligados a hacerlo.

 
Las contradicciones entre la versión oficial y los elementos del expediente provocaron una fuerte reacción social y motivaron al Ministerio de Seguridad provincial a anunciar una investigación formal el pasado 21 de mayo.

 
Entre las nuevas medidas adoptadas, se destaca una pericia forense destinada a establecer la hora exacta de muerte de Antonella. "El objetivo es saber exactamente cuándo falleció mi hija, porque hay varias hipótesis sobre la línea de tiempo. No cierran los horarios", explicó Mario Aybar en diálogo con El Diario Nuevo Día.

 
La familia de la víctima aún no cuenta con abogado querellante, aunque el padre accede al expediente como particular damnificado. "Mientras vea que el juez trabaja correctamente y no haya nada turbio, seguiré peleándola solo", sostuvo