Ley Bases: un triunfo anhelado por el Gobierno, que lo compromete a resultados

Del proyecto original quedaron afuera el uso de togas para jueces, las penas por convocar a manifestaciones, la eliminación de las PASO y el arancelamiento universitario para extranjeros. Quedaron las facultades excepcionales, el impuesto a las Ganancias, las privatizaciones y la reforma laboral. La combinación que esperanza al Gobierno para absorber divisas es la garantía para fondos internacionales que proponen el RIGI y el programa Blanqueo de Capitales, más allá de las herramientas que tendrá Javier Milei para emitir decretos a partir de la sanción de emergencias.

La extensión del debate y el hastío repercutió tanto en la cantidad de intervenciones de los diputados ("es la tercera vez que hacemos el mismo debate", dijo para este medio con fastidio un legislador que votó a favor) como en el vigor de movilización, que en la medianoche del jueves no expresó ni una Plaza del Congreso colmada ni un despliegue policial semejante al tratamiento del Senado.

Casa Rosada volvió a garantizar la aprobación de sus principales proyectos. Las presencias de Guillermo Francos, Victoria Villarruel y Karina Milei proponían más un compromiso que una presión: buscaron que los diputados que responden a sus gobernadores no cambien a último momento la voluntad acordada. Los llamados en las últimas semanas reiteraron una conducta que le permitió al exministro del Interior hacerse de la Jefatura de Gabinete. Sus negociaciones hicieron posible el triunfo legislativo a cambio de la mayor cesión en coparticipación, la recomposición de obras públicas y la garantía de distribución de los alimentos judicializados de Capital Humano.

Quedan dos destinos: comprobar los efectos económicos a mediano plazo de la aprobación de las reformas y conocer hasta dónde legislará el Poder Judicial. Los amparos contra el régimen fiscal (principalmente el impuesto a las Ganancias) se dan por sentado y el rol de los jueces será similar a lo que se está aplicando en la actualidad con la judicialización del DNU 70/2023. Además, se espera reacción sindical: trabajadores del aceite y el petróleo ya anunciaron medidas.

En una Cámara de Diputados llena de abogados, sobraron las posiciones antagonistas sobre la legitimidad de la aprobación. Como muestra quedan las expresiones de dos miembros de los bloques considerados dialoguistas. El federal Juan Brugge consideró que "la Constitución es una ley de principios, no es un reglamento” y entendió que las reformas del Senado no desestimaron ningún artículo porque "no se concluyó el proceso en esa Cámara revisora". Lo contrarió el radical Fernando Carbajal, quien indicó que "la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de la bicameralidad, que está contemplado en el artículo 81” y sintetizó que “está muy claro que el Gobierno y sus aliados buscaron cuál es el objetivo político para, desde ahí, buscar la interpretación judicial". Dentro de los aliados se encuentra más de la mitad de su bloque.

El día después
Con inusual antelación, la actividad de las comisiones de Diputados ya tiene agenda programada: el secretario de Comercio y entidades industriales debatirán políticas de importación; representantes de la salud pública y privada pedirán una "evaluación de medidas para afrontar la realidad"; se discutirán regulaciones sobre apuestas virtuales. Desde el bloque libertario, ratifican que insistirán en la agenda de seguridad, que tiene cuatro proyectos con avanzado tratamiento en plenarios de discusión.

En primera medida, el radicalismo ya había solicitado una sesión por la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente para el próximo 3 de julio. Desde el oficialismo, que adelantó hace un mes su rechazo y hasta un eventual veto presidencial, ahora ponen en duda su voto negativo: el déficit se puede negociar. Aún la Cámara baja no trató el rechazo del DNU 70/2023, que ya fue votado en negativo en el Senado pero sigue en vigencia. “Con el DNU se hicieron los boludos y ahora tienen una reglamentación que reemplaza muchas de esas cuestiones”, se lamentó una diputada peronista.

“Estamos abroquelados, con buena presencia en nuestras reuniones donde se dan discusiones muy nutritivas, pero nuestra posición es difícil porque quisiéramos estar levantando la mano para hacerle la vida mejor a la gente”, señaló una legisladora de Unión por la Patria anoche, pero pudo haber sido en enero. El PRO, sumergida en una interna para diferenciar su identidad para el 2025, promete una tenue separación de La Libertad Avanza.

Un principio de construcción de mayoría opositora puede aparecer desde el tridente de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, cuyos gobernadores sellaron esta semana un gesto de empoderamiento de la administración nacional: Martín Llaryora habló de “crear una nueva agenda”; Maximiliano Pullaro pidió por “las obras necesarias”; Rogelio Frigerio pronosticó que “empieza otro capítulo”. Todos ellos están convocados al Pacto de

Mayo, que será el 9 de julio.

Más lejos aparece el debate por el Presupuesto 2025, discusión agendada para septiembre y que resulta fundamental para la previsibilidad. Ya no de las empresas extranjeras que eventualmente podrían invertir, sino para los distintos sectores que hacen posible el funcionamiento nacional, luego de un año de congelamiento y discrecionalidad.