“No solo se comparte, también la tenencia es delito”: la Policía contra la explotación infantil

En el marco de un megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil que alcanzó a quince países y a catorce provincias argentinas, la Policía de Santa Cruz llevó adelante once allanamientos simultáneos en Río Gallegos. El procedimiento, que forma parte de la operación “Aliados por la Infancia V”, dejó como saldo la individualización de varios sospechosos, entre ellos cuatro mayores y cuatro menores, además del secuestro de dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil.

El jefe de la División de Investigaciones de Río Gallegos, comisario Juan Álvarez, fue uno de los responsables del operativo y explicó la magnitud de la tarea: “Hace un par de minutos ya finalizaron los procedimientos. Fueron coordinados desde un principio por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales a través de una unidad fiscal especializada en delitos cibernéticos. Nos hicieron partícipes porque nosotros investigamos este tipo de delitos”.

Los allanamientos se concretaron en distintos barrios de la capital santacruceña, en donde los agentes encontraron dispositivos tecnológicos con material sensible. “Fueron individualizadas todas las personas que estaban implicadas en estos delitos, entre ellos cuatro mayores y cuatro menores, y fueron puestos a disposición de la justicia provincial. Y una vez que se finalizaron las diligencias procesales ordenadas, establecieron domicilio”, detalló Álvarez.

Uno de los aspectos centrales del procedimiento estuvo en el contacto con las familias donde había menores involucrados. Según el jefe policial, existe un protocolo específico: “Primero se les da una explicación a los progenitores acerca de la investigación, muy superficial, sobre cómo llegamos a establecer esa autoría por parte del menor de edad. Se les hace entender que a través de ese material que se compartió o divulgó se cometió un delito. Estamos hablando de imágenes o videos con contenido de abuso sexual infantil”.

 
El comisario reconoció que, en la mayoría de los casos, los implicados no son conscientes de la magnitud de sus acciones: “Sí, fue sorpresivo, porque por lo general no esperan nuestro arribo o no entienden que al hacer ese tipo de acciones en la red se comete un delito y que nosotros lo podemos identificar”.

Los investigadores incautaron todo tipo de elementos informáticos, desde celulares y notebooks hasta dispositivos de almacenamiento externo. La justicia provincial ordenó esas medidas como parte de la búsqueda de pruebas que permitan fortalecer la acusación.

“La finalidad no era solamente reprimir el delito con allanamientos, sino también que la gente tome conciencia de que este tipo de acción tiene una represión penal. El Código Penal, en el artículo 128, establece que no solamente la divulgación, sino también la tenencia de ese material es un delito”, enfatizó Álvarez.

 
El proceso judicial ahora continúa con pericias sobre los dispositivos secuestrados. Allí los investigadores buscarán determinar el origen del material compartido, las redes de contacto y la posible vinculación con circuitos internacionales de distribución. “La justicia interviene dictaminando que se hagan pericias sobre los dispositivos secuestrados y la investigación sigue con la búsqueda de elementos de prueba. Ese material que se subió, se compartió o se tiene en el mismo dispositivo es lo que configura el delito de tenencia”, concluyó Álvarez.